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Que nadie defienda a Chantal Ortega

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La reciente encuesta de Click revela algo que para nadie es una sorpresa: la delincuencia hoy es el primer problema nacional y la preocupación cotidiana más importante.

Este dato pasa inadvertido entre el resto de problemas como el económico y el político, pero es el que a largo plazo revierte mayor gravedad para cualquier sociedad por el estado de postración psicológica al que la somete. Se está educando a las nuevas generaciones a aceptar un mal social frente al cual individualmente no pueden hacer nada.  Uno que mina sus derechos, su paz mental, sus bienes; en definitiva, las condiciones básicas para la vida.

Ningún Estado puede preciarse de garantizar la vida a sus ciudadanos sin ofrecer un sistema coherente de combate a la delincuencia que ataque no solo las causas estructurales de pobreza y exclusión sino que establezca un sistema equilibrado. Donde los procesos judiciales estén enfocados en la protección a las víctimas y en el castigo a los delincuentes, más que en los derechos del acusado o reo por abreviar sus penas o salir libres. Uno que pondere correctamente el ejercicio del derecho a la defensa de aquellas pocas víctimas que se defienden.

Causa estupor el caso de un joven de 21 años que fue condenado a 10 años de prisión por homicidio luego de salvar a su hermana de ser apuñalada por un delincuente que intentaba robarle con arma blanca. Chantal Ortega fue atacada por un delincuente que quería robar sus ochenta dólares producto de la venta del día y su hermano intervino y resultó en la muerte del delincuente. A este hecho se suman cientos de casos de policías en el ejercicio del deber que son procesados por la muerte de los delincuentes y cientos de apresamientos por parte de la policía que resultan en nada, ya que según los jueces no pueden proceder de otra forma.

Que la norma así les dice. Que no pueden apresarle. Que no se puede abusar de la prisión preventiva. Que se deben garantizar los derechos humanos al delincuente. Incluido el de inocencia por supuesto, frente al cual las víctimas siempre tienen que encogerse de hombros y encomendarse al santo de turno para seguir viviendo.  Ya sin ninguna tranquilidad, pues han comprobado que esa ficción llamada Estado es exactamente eso, una ficción.

No se hace Justicia ni siquiera en delitos flagrantes. Porque habrá que demostrar bien en un proceso lo que los ojos de las víctimas y testigos vieron y que no existen más que las verdades procesales que lo que no se puede probar bien no existe. Esto, siempre sazonado por la corrupción judicial que sirve todos los días un suculento banquete a la delincuencia.

¿Cuál es el bien jurídico protegido para el derecho penal? Parecería que las últimas décadas dan cuenta de un cambio en esta respuesta. Ahora son los derechos de los delincuentes a quienes se les han blindado con un sistema de garantías procesales del primer mundo. Mientras que a las víctimas se les ha dejado en el inframundo. Desde Francisco de Vitoria y luego Beccaria los juristas se han empeñado por humanizar y racionalizar la justicia penal. Pero ese mundo cuando el reino o el Estado era superpoderoso ya no existe. Hoy hay múltiples controles nacionales e internacionales para los excesos y no se debe legislar para la excepción, como sería el atropello del sistema a los derechos de un delincuente. Urge dejar de ver sólo las cárceles y lo que ahí pasa; hay que actuar también por los ciudadanos.

Se requiere un reenfoque del sistema penal que no solo sea de garantías penales sino de justicia penal, para ponerlo a tono con la realidad. Esto no afecta a Pactos y Convenios de Derechos Humanos. Es un enfoque adecuado para hacer Justicia sin trabas procesales, reconociendo la realidad, donde la delincuencia requiere mayor control y donde las mafias internacionales manejan más capital y logística que los Estados pequeños.

La sociedad vive asolada por la impunidad, la grande de cuello blanco y la pequeña cotidiana, que hoy tiene el rostro del hermano de Chantal, condenado por enfrentar a golpes al delincuente que la atacó con un cuchillo.

María Amparo Albán es abogada y catedrática universitaria. 

6 Comments

  1. Eso de PPL fue otra obra del PLC ( puto ladrón Correa ) que está vengándose de la humanidad porque el papa fue mula y la mamá y las tías mucamas en el imperio

  2. Al igual que lo económico y político, la delincuencia debe ser uno de los principales enfoques de estado. Si bien el estado no puede garantizar que no existirá delincuencia, al menos debe establecer un sistema que combata esta problemática de forma inmediata. Es deber del estado crear un sistema justo que permita acceder a verdadera justicia, para aquellas victimas que en un momento de terror al ser atacados por un delincuente solo buscan mantenerse a salvo, hasta el punto de luchar o enfrentarse al delincuente poniendo en riesgo su integridad.

    Sin embargo, en un estado en el que se prioriza la integridad del delincuente, ¿qué puede hacer un ciudadano en esa situación? Nada es la respuesta, pues si al momento de defenderse llega a lastimar al forajido será la victima quien se convierta en villano y reciba una condena. Igual es el caso si llega a denunciar el hecho, pues este no pasará de un simple papeleo que será archivado y olvidado por la justicia.

  3. Todo el mundo sabe cuáles son las causas de la delincuencia: la pobreza, el desempleo, la marginación, la desigualdad, el racismo, la descomposición familiar, la violencia, el abandono de parte del Estado, la falta de acceso a la educación y demás servicios básicos como alimentación, salud, cultura, etc. ¿Y?. ¿Soluciona eso el problema?. Si hubiera en este momento gobernantes competentes y honestos que cumplirían sus funciones, la transformación, que es algo que debe hacerse, definitivamente, duraría, durará, años.

    Pero lo urgente, lo inmediato, es abolir o reformar radicalmente esas leyes aberrantes, perversas, absurdas, productos de los nanocerebros más retrógadas, afiebrados, y enfermos, cristalizadas en un sistema judicial corrupto y podrido que protege a los delincuentes y culpabiliza a las víctimas. Pero ¿por dónde empezar, cómo, con qué, con quién, con quiénes, de dónde?, si todo el sistema político, social, económico ecuatoriano es la putrefacción irreversible más asquerosa en toda la historia del país.

  4. Será verdad que en Chistejstán hay que dejarse matar para después reclamar? ¿Será verdad que ni el hermano que ve a su hermana sangrando por la agresión de un delincuente, no puede acudir en su auxilio? ¿Será verdad que ni la policía puede disparar al delincuente en defensa del ciudadano, en espera que el pillo dispare primero? Y hay que ver cómo acuden los
    los ágiles «compadecidos» y entroncados a sangrar económicamente al ciudadano humilde que espera una sentencia de la justa Justicia. ¿Quién podrá cambiar este país de chiste?

  5. Por supuesto que LA DELINCUENCIA es la mayor preocupación de los ecuatorianos!!! La autora lo menciona con total claridad al inicio del artículo.

    Pero, en lugar de abordar LAS CAUSAS de la delincuencia, se va por las ramas y escribe sobre cualquier otra cosa: los procesos, los derechos, los jueces, etc.

    Supongamos por un momento que hubiera leyes más severas, procesos más ágiles, y jueces honestos. Qué pasaría? Muchísimos acusados de robo, asalto y otros delitos serían condenados rápidamente, y enviados a prisión.

    Qué habremos logrado? Cárceles aun más llenas que ahora; motines cada vez más frecuentes; más presos decapitados. Y afuera de las cárceles todo seguirá igual o peor: enormes masas de hombres desempleados, robando y asaltando. Muchos de ellos, metidos en pandillas, drogas.

    • Además, todas las atrocidades ocurridas en las cárceles, no sucederían si existiera un sistema carcelario eficiente, imposible, si ni para los ciudadanos libres se dan las condiciones para llevar una vida digna. No tienen ni listas de los presos que ingresan, los poquísimos guías existentes son sobornados fácilmente, sus sueldos son miserables, están mal capacitados, los sistemas de control carcelario dan risa, ingresan todo tipo de armas, drogas, celulares, en fin. Creen que con llamar PPL a los presos y Centros de Rehabilitación en lugar de cárceles a esos antros de degeneración humana está hecho todo, y ahí tenemos las consecuencias.

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