El caso de Nívea Vélez es uno de aquellos que bien podrían servir como caso de estudio sobre cómo, cuando se usa para perseguir, se administra Justicia de manera selectiva, se pronuncian fallos alejados del derecho y se condena a ciudadanos inocentes.
Mientras en el país se liberan delincuentes, tras trámites expeditos y los jueces desafían el sentido común y el derecho, paralelamente se emiten fallos como el que condena a Nívea Vélez por la recaudación supuesta de diezmos. Sin argumentos sólidos de derecho que prueben la comisión de este delito, esta mujer está a puertas de ser enviada a la cárcel.
Sus defensores, entre ellos un sinnúmero de organizaciones sociales, ubican la acusación a la ex asambleísta como un caso de persecución y violencia política, producto de sus denuncias en contra del ex director del IESS Ramiro González, ahora prófugo. Su defensa también sostiene que a partir de allí, se fue construyendo el relato de sus supuestos cobros de diezmos. Acusaciones tan graves tenían que ser comprobadas a cabalidad y el proceso tenía que cumplir con todos los pasos legales con la mayor rigurosidad. La cosa es que no fue así y la sentencia está siendo cuestionada justamente por adolecer de errores de fondo y de forma.
La corrupción debe ser castigada -no hay ninguna duda- y cuando en sus redes sucumben los funcionarios públicos, sean hombres o mujeres, deben ser sancionados con el mayor rigor de la ley. No obstante, cuando los procesos no cumplen con la ley, se cometen actos de injusticia que producen efectos insalvables y arruinan la vida de sus víctimas como lo que podría estar ocurriendo con Nívea Vélez.
Es necesario comprender por qué es importante que las sentencias estén jurídicamente argumentadas y todas las pruebas ejecutadas: en derecho el debido proceso es un componente importante de la tutela judicial efectiva a la cual los ciudadanos tienen derecho y debe ser garantizado por el Estado. Por su intermedio, cualquier individuo imputado del cometimiento de un delito tiene garantizado, en teoría, la motivación, la defensa, el cumplimiento de normas o el derecho a recurrir. Es decir, un proceso justo, con todas sus fases, trámites, plazos y términos que deben cumplirse a cabalidad y según lo señala la ley.
Desafortunadamente no es la primera vez que en el Ecuador se dan casos así. Los ecuatorianos fueron testigos de hechos similares con el coronel Carrión, Galo Lara, Fidel Araujo, Carolina Llanos a quienes, fallos injustos con componente político, casi acaban con sus vidas. Por lo tanto, la reincidencia de casos así no sólo debilita la credibilidad de la Justicia en el Ecuador -que ya es precaria- sino que niega a los ciudadanos el derecho de acceder a un debido proceso y eso es muy peligroso: se genera una cultura de una justicia selectiva que condena a inocentes y defiende a delincuentes.
En el caso puntual de la ciudadana Vélez, se sostiene que han existido errores procesales: un ejemplo de esto es la curiosa decisión de la Fiscalía de señalar fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos sin haber recibido la versión de la imputada y sin existir pericia contable del supuesto perjuicio que se le endilga; por lo tanto, la conclusión de la sentencia no tiene los elementos suficientes para comprobar si hubo o no delito.
Este caso fuerza a reflexionar por qué la Justicia debe ser suministrada siempre con rigor pero, sobre todo, en aplicación del principio de igualdad ante la ley. Desgraciadamente, en el Ecuador la realidad es otra.
Parece que en este y otros casos, la Justicia está fallando: hay muchos pillos sueltos y varios inocentes condenados. El caso de Nívea Vélez prende alertas serias sobre la actuación dudosa de una Justicia que no termina de ser imparcial. ¿Hasta cuándo se va a dejar a la Justicia en libertad?
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.
Es desconcertante ver que existan casos donde el deber de un proceso que se presupone sea justo, imparcial y objetivo, se vea truncado por la subjetividad y como forma de castigo por pensar diferente la persecusión, y nos deja de forma de retroalimentación el hecho de que en nuestros sistemas ocurren injusticias que tienen que ser erradicadas para que la ley sea ejecutada con igualdad y sin falla alguna.
La situación de Nívea Vélez es uno de esos que bien podrían servir como caso de análisis referente a cómo, una vez que se utiliza para seguir, se administra Justicia de forma selectiva, se pronuncian fallos alejados del derecho y se condena a habitantes inocentes. Sin argumentos rígidos de derecho que prueben la comisión de este delito, esta dama está a puertas de ser enviada a la penitenciaría.
Por su intermedio, cualquier sujeto acusado del cometimiento de un delito tiene garantizado, en teoría, la motivación, la custodia, el cumplimiento de reglas o el derecho a recurrir.
Nuestros sistema político esta fracturado desde la base y sus líderes no dan un ejemplo para poder mantener un sistema recto sin corrupción , no podemos comentar, criticar e incluso ni señalar si siguen con las malas costumbres que traen desde el hogar los ciudadanos tiene el descaro de sobornar a cualquier persona ya sea profesor, abogado, medico e incluso policía para poder librarse de la justica, si queremos cambiar este tipo de comportamientos debemos inculcar desde pequeños los valores en el seno del hogar, si nuestros gobernantes invirtieran más en educación en vez de llevarse el dinero a paraísos fiscales, nuestro Ecuador estaría empezando a cambiar poco a poco.
Es triste saber que en el país existe tanta corrupción y te hace analizar cuan fracturada está la democracia de nuestro Ecuador, si bien es cierto, los políticos y grandes mandatarios son los que más participación tienen en el tema, ahora no podemos juzgar si nosotros continuamos con las mismas actitudes; un pueblo que coima al agente de tránsito para que no lo multe, con que cara esta juzgando a otro. ¿Qué tan podrido está el sistema?. Empezemos por nosotros!.
Es triste ver y saber como vivimos entre corrupción e injusticia a diario, el que vive sin hacerle nada a nadie es quien puede perderlo todo y el ladrón o asesino es quien gana, es una realidad que se está notando al diario vivir, cada dia nuestro pais es más lamentable.
La justicia que se presenta actualmente en Ecuador es absurda ya que no se sabe si administra de manera justa o se da a través de la corrupción. Muchos tramites son expeditos ya que los jueces son amenazados o presentan cargos en contra de su familia con el fin de que beneficien al perjudicado y no presente cargos. La corrupción debería ser castigada empezando desde los más beneficiados en el país, que paguen por sus hechos y establezcan una ley para evitar estos casos que se presentan día a día.
Es impresionante la manera en la cual este artículo nos hace pensar y reflexionar sobre la justicia en el país, pero sobre todo el hecho de que el caso de Nívea Vélez no sea el único en el cual existe fallos sino que ya han habido casos similares.
Esto nos deja mucho que pensar como país, ¿a dónde nos va a llevar esto? Es decir, ¿para que existe la justicia si no es para defender a los inocentes?
Da pena leer este tipo de noticias y también duele saber que en nuestro propio país nosotros como ciudadanos no tenemos fundamentos para creer en la justicia, es indignante e impotente ver estos casos de injusticia. Mientras aquellos que obran bien van a la cárcel aquellos que roban salen como “héroes” de ella.
La justicia en este país está grave ya que la gente del país ya no cree en ella han perdido toda la confianza, mucho casos no resueltos, casos no entra la corrupción siendo culpables los sacan libres ahora me pregunto si ya no hay justicia que haremos ahora en quien confiaremos para hacer justicia yo creo que eso ya no se verá hasta que cambien todo el sista judicial corrupto y pongan gente que no se vendan por dinero.