Los protagonistas de la audiencia que tendrá lugar en Santa Elena el próximo miércoles, seguramente tienen activadas sus estrategias desde el 10 de abril, día en que Jorge Glas dejó la cárcel en Cotopaxi. Todos sabían que habría un segundo round: sabían que el habeas corpus otorgado por el juez de Manglaralto iba a ser apelado y que un tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena tendría que decidir si ratificarlo o revocarlo.
¿Podría haber un tercer round? Podría ser. Una acción de protección planteada ante la Corte Constitucional. Pero, para cuando esa eventualidad -de ser utilizada- conozca un desenlace, el caso Glas posiblemente no tendrá la misma incidencia política. A menos que el fallo del tribunal de Santa Elena generara consecuencias sociales que pusieran a la Corte Constitucional ante el dilema de tener que priorizar el caso. Un escenario imposible de prever.
El gobierno, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General de la Nación y el correísmo son actores interesados directamente en este caso. Y habrá consecuencias en otras instituciones y, en general, en el tablero político del país. Ratificar el habeas corpus o revocarlo dispara procesos que se imbrican unos en otros como si se tratara de matrioshkas.
1. ¿Qué pasa si hay revocatoria del habeas corpus? Ese escenario se antoja ser el más probable si se piensa en un fallo apegado a derecho. El habeas corpus está plagado de irregularidades. Si fuera el caso, el gobierno y las demás instituciones del Estado podrían aducir que funcionó el estado de derecho, que la Justicia operó y que todos cumplieron con su obligación.
El correísmo podría decir exactamente lo contrario. Y ante la decepción, subirían la alharaca de decibeles, amenazarían con agotar el proceso internamente (Corte Constitucional) e ir a cortes internacionales. Por supuesto, retomarían la campaña mediática para exhibir otra vez a su santo-Glas, pues para ellos es el héroe de una lucha desigual en la cual los corruptos (todos, salvo ellos) usan la Justicia para perseguir políticamente a un hombre pleno de virtudes (lawfare) que pasó injustamente encarcelado cuatro años y medio.
Liberar a Glas ha sido una de las obsesiones -por motivos de seguridad y sobrevivencia política- para el correísmo. La revocatoria del habeas corpus los devolvería a la línea de partida, pero esta vez con un personaje desgastado, sin aliento militante para regresar a la cárcel y que tiene algunos juicios por delante. Un tormento.
Retroceder en ese plano, podría incrementar la irracionalidad política y el pánico en una organización que siempre ha temido que Glas haga algún acuerdo con la Justicia del país. Nadie sabe, en esas circunstancias, lo que hará Glas: ¿se entregará y regresará a la cárcel o pedirá asilo político en algún país amigo del correísmo? A propósito, ¿sigue en la casa de su madre?
Los correístas han denunciado que el Estado pretenda seguirle los pasos y el juez de Manglaralto, en su desacierto bien planificado, ni siquiera ordenó que porte grillete electrónico. Por eso, lo que pueda ocurrir tras un fallo desfavorable hace parte de una zona oscura que, se supone, los organismos de seguridad del Estado tienen bajo control.
2. ¿Qué pasa si es ratificado el habeas corpus? El correísmo respiraría: Glas siempre ha sido visto como una bomba de tiempo: un militante que oscila entre héroe mitificado o posible delator. El costo de un fallo que ratifique su liberación sería un golpe fulminante para la Justicia que representan Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, e Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. La prueba icónica de que la Justicia es comprable y manejable políticamente aún en casos de tanta exposición pública y que cuentan con jurisprudencia y normas expresas violadas -si ocurre también en Santa Elena- en dos instancias.
La Procuraduría y la Fiscalía podrían reivindicar haber hecho su trabajo y cumplido con sus obligaciones. No así el gobierno. El golpe político sería grave a apenas seis días del discurso del primer año de labores del presidente Lasso. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, tendría un motivo expedito y suficiente para renunciar. Y podrían irse también otros funcionarios, cercanos al presidente y que son operadores ilusos de un acuerdo con el correísmo.
Si ser y parecer son en política lo mismo, un fallo ratificatorio probaría, a los ojos de una franja del electorado que votó por Lasso, que hubo un acuerdo político con el correísmo. Y que si el Ejecutivo no hizo gestiones directas ante los jueces, se instaló en una política de “dejar hacer, dejar pasar” que es, en términos cristianos y legales, pecar por omisión.
Foto: Diario Expreso-Extra.
Este análisis se publicó ayer, 15 de Mayo, en el boletín dominical de 4P. Si desea recibirlo, suscríbase por favor gratuitamente aquí: GPS4P.
Si en este país todavía queda algo de justicia , el delincuente Glas debe volver a la cárcel de donde nunca debió haber salido . Y para ratificar su cinismo y actuaciones delincuenciales , ahora mismo circulan videos en los que se ve a Glas , ordenando a un funcionario de PetroEcuador , que viole la ley y que permita la venta de combustible y explosivos en la zona fronteriza con Colombia . Son DELINCUENTES INFAMES !!!!!!