Un sector de la clase política del país está metida de cabeza en la construcción de una versión pasteurizada y homogeneizada de los 18 días del paro indígena: ahí no hubo un solo acto de violencia de responsabilidad de la dirigencia indígena y cualquier acto del Estado por defender el imperio de la ley es ilegítimo y fascista.
Una demostración de este esfuerzo en curso fueron las 3 horas y 15 minutos en que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, estuvo sentado en la sala de sesiones de la Comisión de Derechos Colectivos de la asamblea, a la que fue citado para que explique lo ocurrido durante el paro, y la hora y pico en que intervino el dirigente indígena Leonidas Iza.
No menos de seis asambleístas entre correístas y tránsfugos de Pachakutik, tejieron frente al ministro y las cámaras de los medios un relato de los 18 días de paro en los que no hubo tomas ilegales de campos petroleros, asaltos a empresas florícolas, disparos de bazucas artesanales (uno de las cuales significó la amputación de la pierna de un policía), emboscadas criminales a convoyes militares, turbas que impidieron que pasen ambulancias con personas enfermas, camiones con oxígeno hospitalario bloqueados ni envenenamiento de fuentes de agua potable.
La verdad, según los asambleístas que se convocaron a la sesión, es que toda expresión de violencia ocurrida durante esos días fue responsabilidad exclusiva del Estado, de la Policía y de Patricio Carrillo. Al ministro lo retrataron como a una persona siniestra y perversa. Se dijo incluso, así sin empacho, que él es el responsable directo de las muertes de los protestantes. “Nos mata la Policía y también los delincuentes y usted tiene que responder por eso”: lo dijo, apuntándole con el dedo y levantando la voz la correísta Paola Cabezas. Según su versión “a ustedes les apesta el pueblo” y si hubo policías muertos es por culpa de las políticas hambreadoras del gobierno al que representa Carrillo. E incluso afirmó que si hubo alguna vez algo de violencia en contra de los policías, los responsables fueron los mismos policías. “Ustedes, por sus decisiones políticas, son responsables de la muerte de los policías”. Patricia Sánchez, disidente incendiaria de Pachakutik, también lo acusó: “Usted ordenó matar en octubre de 2019 y en junio de 2022”.
En la narrativa que montaron los asambleístas durante la sesión no solo se puso cuidado en no mencionar ningún acto violento de los protestantes, sino que también se trató de borrar cualquier alusión al tema del terrorismo. Para Patricia Sánchez, por ejemplo, colocar veneno en la comida que pasaba en los camiones a las ciudades no es terrorismo sino una forma cultural de resistencia. “Terrorismo es cómo se maneja la reserva monetaria internacional a favor de la banca, terrorismo es coger los recursos de los gobiernos locales y el IESS para fondear a los acreedores de la deuda, terrorismo es tener a cuatro millones de personas con déficit de vivienda”.
El concepto del fascismo también se ventiló con enorme generosidad, como si fuera una categoría de la historia política a la que se puede endilgar, sin más, a cualquier persona que piensa distinto. Al menos tres de los asambleístas presentes acusaron a Carrillo de fascista. Lo mismo hizo Leonidas Iza cuando intervino. Fascismo, según el presidente de la Conaie, no es amenazar a los asambleísta que no querían votar por la destitución del presidente Guillermo Lasso ni atentar la vida en contra de Gissella Molina por negarse a hacerlo. Para él, fascismo es lo que pasó cuando luego del desalojo de la Casa de la Cultura un grupo de policías fue festejado por la población blanca mestiza que había salido a protestar en contra de los excesos del paro.
Carrillo, sin embargo, no estuvo pintado en la pared. Aunque le dieron apenas 20 minutos para contestar los ataques que le habían armado durante más de dos horas, el Ministro del Interior se dio modos para hablar de aquello que todos quisieron que se calle. “¿No hubo cierres de vías? ¿No hubo ataques a los pozos petroleros? ¿No hubo asaltos? ¿Es que acaso nada de eso sucedió? ¿Por qué no están aquí las personas que no pudieron pasar en las ambulancias que fueron bloqueadas en las carreteras? ¿Por qué no están aquí los dueños de las florícolas que fueron saqueadas? ¿Dónde está la gente que no pudo recibir atención médica por los bloqueos?”. A la correísta Jahaira Urresta, que le había dicho por zoom que él la había amenazado, Carrillo le conminó a que presente la denuncia en la Fiscalía. “Aquí se ha dicho que yo he ordenado matar. Que he enviado a bombardear las manifestaciones”: lo dijo con calma pero indignado por lo que calificó como una una demostración de “discurso de odio”.
Cuando Carrillo terminó su intervención, comenzó la de Leonidas Iza. El presidente de la Conaie se victimizó de ser estigmatizado como violento por el gobierno y sostuvo que si hubo protestas fue consecuencia de la inseguridad y la pobreza que hay en el país. Para él “no puede haber impunidad para los represores”. No respondió en absoluto las preguntas que hizo el ministro del Interior sobre los ataques a los pozos petroleros, el envenenamiento del agua y los cierres de vías que habían impedido no solo la llegada de alimentos a las ciudades sino a las ambulancias que transportaban enfermos a los hospitales. Iza condena la impunidad únicamente cuando se trata de la que atañe a los otros, pero es incapaz de usar esa categoría para los que envenenaron el agua de Ambato.
A Iza nadie le hizo preguntas. Apenas un asambleísta del correísmo intervino luego para volver a atacar a Carrillo y la única que se refirió a la intervención de Iza fue Mireya Pazmiño, disidente de Pachakutik, para felicitar “al compañero Iza”. Nadie, ni siquiera los asambleístas de Gobierno que habían ido para acompañar a Carrillo se quedaron para hacerle, al menos, las mismas preguntas que el Ministro hizo a la Comisión.
En la Comisión de Derechos Colectivos, presidido por el ex Pachakutik Fernando Cabascango, se vio cómo monta una narrativa sobre el paro de junio en el que los únicos violentos fueron los representantes del Estado y según la cual no existe, bajo ninguna circunstancia, razones por las que el Estado pueda defender los derechos de quienes no son parte de la protesta.
Foto: Asamblea Nacional
Esta asamblea es una farsa, lo que si debe quedar claro es que este tipo de políticos, no pueden por sanidad volver a ejercer cargos públicos, deben ser vetados son enemigos de la democracia, enemigos del pueblo, de los jóvenes y niños que no pueden acceder a los servicios del estado por culpa de esta gente que pierde el tiempo en sus trafasías e intereses y no dan pie en bola con el planteamiento de las verdaderas soluciones que nos permita salir de la postración a la que nos han llevado estas mafias políticas, que sueñan con llegar al poder, por vanidad y por enriquecerse a costa del erario nacional.
Que podemos esperar de esta asamblea desprestigiada, con gente que no tiene idea de lo que significa gobernanza, están ahí de carambola, la policía y las fuerzas armadas tendrán el apoyo de la ciudadanía en todo aquello que este dentro de la Ley y la Constitución.
En todas partes del mundo la policía y el ejercito esta para cuidar a sus ciudadanos de en cumplimiento de su misión, utilizando el uso progresivo de la fuerza, para defender y defenderse de aquellos que infringen la ley, como terroristas, subversivos, delincuentes en todas sus modalidades, crimen organizado, lo que no entendemos es que defienden con sus acciones estos desubicados, ¿tal vez futuras protestas con desorden social y la impunidad? Ya basta, nada es eterno y el país debe seguir adelante a pesar de estos obstaculos de estos malos ecuatorianos
Gentuza terrorista de lo peor.
Esa asamblea no solo que es un Nido de corruptos, hoy es un nido de terroristas salvajes y brutales.
El problema es que en el gobierno de Lasso, cada funcionario es una isla. Pareciera que al capitán no le importara que el barco se hunda junto a sus marineros. Él cree estar en una isla segura. (metafóricamente hablando)