Por allá un fiscal, más allá un inspector de aduanas, por aquí un periodista: el número de asesinados por los narcos crece. Y aumentará sin duda. Es el ciclo imparable de un flagelo cuyos protagonistas cuentan con la sumisión o con la violencia como mecanismos de relacionamiento. Así arreglan cuentas entre ellos, aterrorizan a sus competidores, buscan vía libre para su negocio e impunidad, poner de rodillas al Estado y acallar a la prensa. Esa dinámica tenebrosa es predecible y es más mortífera al inicio de esos procesos.
No se ve, no obstante, que en el país las autoridades, fiscales, jueces -y también la prensa- estén pensando en modificar sus mecanismos de trabajo. Y en algunos casos los hábitos cotidianos. Como si las alertas que se han dado -letales y que refrendan lo que pasó y pasa en Colombia y en México- no bastaran. Pues deberían ser suficientes para cambiar, en forma urgente, ciertos protocolos de trabajo y de seguridad.
Es claro que desde hace lustros fiscales y jueces son amenazados en ciertas zonas del país. Es sencillo para organizaciones delincuenciales presionarlos y extorsionarlos. No siempre los compran, pero esa es su primera opción. Ese cóctel explica seguramente algunas de las quejas que tiene la Policía sobre la laxitud de los jueces. Poco se ha dicho sobre los casos que se archivan en las oficinas de los fiscales.
Algo se debatió, hace años, sobre la conveniencia de tener jueces sin rostro. Ahora se ve que esa será seguramente una necesidad y no hay que esperar a que la lista de víctimas se alargue para que el sistema de Justicia se siente a establecer una estrategia ante el reto que plantea el narcotráfico.
Pensar que cada fiscal y juez aplicará Justicia, en forma concienzuda y valiente, contra quien sea y en cualquier lugar del país, es pensar con el deseo. Los narcos son convincentes -muy convincentes- y de muchas formas. Dejar a fiscales y jueces enfrentar solos el peligro que ahora sí es socialmente visible, es la mejor forma de aumentar el número de víctimas. O el número de delincuentes que saldrán libres horas después de haber sido detenidos.
En ese contexto, tampoco es muy sensato esperar que los servidores de la Justicia estén amenazados -y avisen- para ser protegidos. Los delitos que tienen que ver con este flagelo merecen ser procesados según un régimen especial que ya debería haber sido propuesto, en conjunto, por la Fiscalía y las Cortes. De nada sirven los comunicados oficiales que se emiten para condenar el uso de la violencia por parte de organizaciones criminales.
Igual ocurre con la prensa. El narcotráfico no admite periodistas con ínfulas de héroe: los mata. Y sin embargo, el periodismo tiene que hacer su trabajo en estas circunstancias aciagas y peligrosas. Pedir al Estado que los proteja es otro deseo sin futuro.
En Colombia de 1980 al año 2021, según la Fundación para la Libertad de Prensa, los periodistas asesinados por el narcotráfico suman 156. En 1986, Pablo Escobar ordenó asesinar a Guillermo Cano, director de El Espectador. Escobar lo tuvo en la mira desde 1983, cuando ese diario reveló que él, entonces suplente de Jairo Ortega, representante a la Cámara por Antioquia, había sido detenido 7 años antes por narcotráfico.
Su asesinato inspiró la creación de una unidad de investigación sin rostros ni firmas. Los grandes diarios de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga… publicaron las mismas investigaciones, el mismo día. Ese Frente Unido de medios también tuvo que ser disuelto ante las amenazas, pero contribuyó a forjar conciencia de que la información, por ser un insumo esencial para la sociedad requiere, para poder fluir, de estrategias que riñen con el culto de egos que conducen a sus devotos irremediablemente a la tumba.
El narcotráfico es una actividad que procesa los conflictos a bala. En esa carrera mortífera que imponen a un país, algunos de los capos también aprenden a morigerar su capacidad de destrucción. Es un proceso, en una guerra perdida, en el cual el Estado trata de limitar su poder, su capacidad de violencia y la descomposición social e institucional que provoca. Pero eso necesita estrategias. Y las instituciones (también la prensa) deben asumirlas para mitigar los costos y disminuir el número de víctimas.
Foto: diario Expreso.
Frank Serpico, la leyenda viviente del Departamento de la Policía de NY una vez dijo en la década de los 60s que el crimen y la corrupción son tolerados por las autoridades políticas y de justicia porque ellos directa o indirectamente se benefician, están dirigiendo o fomentan dichas actividades.
Mismo razonamiento se puede aplicar en la realidad de nuestro Ecuador, la solución la marca Singapur donde ya lidiaron con estos problemas legalizando la pena capital tanto para criminales como para políticos y autoridades involucradas en este tipo de acciones…
Una pregunta válida y urgente más para la Consulta Popular sería legalizar ese mecanismo que tanto trauma produce a los “defensores de los derechos humanos”, aunque esto último sí es pensar con el deseo en este país.
Las mafias en complicidad con ladrones encorbatados estan enquistados en todas las esferas gubernamentales, convirtiendo a nuestra patria en un narco estado, el Dios dinero esta imponen las leyes de toma y daca, criminales, mafiosos y politicos corruptos con sentencia, queden libres.
Para el efecto, tenemos que tener un gobernante a la altura de Leon Febrescordero+ a Uribe en Colombia o a Bukele en el Salvador, mientras tanto seguiremos de mal en peor, el crimen, la extorsion y el chantaje o vacunas economicas seguiran creciendo, para los sin cerebros y adoradores del narco delincuente, no pasa nada, las nefastas consecuencias de la decada robada no se las puede tapar con un dedo, por todas partes sale pus de la cloca correista………….
El Ecuador está en la mierda, el relajo que diferentes salvadores de la patria han venido armando desde que prácticamente nació el país como tal, se puede definir perfectamente en la siguiente frase:
Ecuador.- País latinoamericano donde se ha conseguido “Organizar una DESORGANIZACIÓN, perfectamente Organizada”
Lo más frustrante de todo, es que cada nuevo gobernante la caga más y más en su gestión, todos ya sabemos el mierdero que se nos viene encima, basta enterarse de lo que ya ha sucedido en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y últimamente Colombia.
Cholitos, eso llegará en versión corregida y aumentada de la mano de la loca del ático y sus secuaces en cuanto el aboulómano Lasso deje el sillón presidencial; salvo dos o tres que intentan hacer algo, el resto del país… “bien gracias”.
Lo que es yo, ya encontré donde podré vivir con dignidad y decencia, porque sencillamente ya me cansé de remar contra corriente.
¡Irán nomás buscando!
Solo de mirar la foto con la secuela de la explosión, conmueve el alma. Casas humildes destrozadas por la violencia. Tragedia sobre tragedia. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Le queda algo de humano? ¿Hacia dónde caminamos como especie?
El problema debe se enfrentado con decisión por el gobierno (no puede decir que escándalos como el del Danubio (azul) es solo humo); las leyes deben ser modificadas de inmediato con la solidaridad de los asambleístas: no puede haber malhechores amnistiados o delincuentes de alta peligrosidad con medidas sustitutivas andando en las calles; la policía para usar su arma debe esperar que el pillo dispare primero. Y si logró apresarlo el juez lo libera inmediatamente. Jueces que delinquen siguen juzgando. Fortunas que florecen de la noche a la mañana y no se investiga su procedencia. Presos que han defraudado al Estado, salen libres sin devolver un centavo y con reducción de penas por buena conducta. Dignatarios elegidos a pesar de tener grilletes o pasados judiciales negros, porque “tienen derechos”, todavía. Administradores de la cosa pública que entran con taparrabos y salen con mansiones y hasta en el exterior. Y así…largas historias vergonzantes.
La Prensa, (no hace falta recomendar a 4 -P), debe sancionar a los malandrines (y con mayor razón a los de alto vuelo) quitándoles el “uso de la palabra”, (sancionen no tomándoles en cuenta, por lo menos), que la usan para victimizarse.
La responsabilidad de quienes dirigen el Estado es inmensa y deben actuar ya y dejar de hacerse los ingenuos. Entonces los ciudadanos aplaudiremos (y dejaremos de temblar).
El año anterior, cuando Lasso andaba por Europa, anunció que iba a lanzar una guerra frontal al narcotráfico, un Plan Ecuador, similar al Plan Colombia. Dentro del país no hubo anuncios formales. El gobierno no consultó a la opinión pública. No envio un proyecto de ley. Pero es evidente que el gobierno ha venido ejecutando ese Plan Ecuador. ¿Evidencia? El aumento descomunal en la cantidad de droga capturada.
En este mismo foro hemos advertido innumerables veces que esa es una idea descabellada, extremadamente peligrosa, y condenada a fracasar, como fracasó el Plan Colombia.
Las razones son claras. Es Economía 101: oferta y demanda. Existe una enorme DEMANDA de drogas a nivel mundial, sobre todo en países desarrollados, y especialmente en Estados Unidos. Por lo tanto, SIEMPRE HABRÁ ALGUIEN QUE SE ARRIESGUE A PRODUCIR, TRANSPORTAR Y COMERCIALIZAR DROGAS. Al criminalizar esas actividades lo que se hace es OBLIGAR a los proveedores a funcionar de manera ilegal. Esa es la CAUSA de que surjan las mafias.
Ya ocurrió en Estados Unidos hace un siglo, durante la PROHIBICIÓN de licor. No se redujo el consumo de licor, sino que aparecieron mafias extremadamente violentas y poderosas. Los problemas del consumo excesivo de licor resultaron insignificantes frente a la ola de violencia y a la corrupción que resultaron por haber criminalizado su producción y venta. El remedio fue mucho peor que la enfermedad. Afortunadamente los políticos americanos se dieron cuenta del error monumental que habían cometido, y ABOLIERON LA PROHIBICIÓN.
Lo mismo sucede ahora. El problema NO SON LAS DROGAS, sino el haber criminalizado su producción, transporte, comercialización. Con un agravante: además se ha criminalizado la posesión.
POR ESO HAY LAS MAFIAS. Y por eso se ha desatado la corrupción, la violencia extrema en el Ecuador.
La solución NO ES seguir haciendo más de lo mismo. La solución es LEGALIZAR TODAS LAS DROGAS.
La corrupción y el narco tráfico son los pegamentos que mantienen unido al sistema político ecuatoriano. Si se siguiera la ley al pie de la letra, casi todos los funcionarios de la Aduana podrían acabar en la cárcel por corruptos y narco traficantes. Ni hablar de los asambleístas que deberían estar unos en sus casas y otros en la cárcel. Caso especial de investigación los “jueces” de pacotilla y alquiler. El Sr Presidente está desesperado por evitar los escándalos. Y tiene muchas razones para querer evadirlos. Comienza a imperar la ley de los capos: dinero o plomo; la vida o la muerte. Es posible un Ecuador sin Lasso? No por ahora.
Lamentablemente Ecuador no es el único que esta pasando esta situación. El narcotráfico es como virus que ha infectado al planeta, Países que han declarado la guerra a esta lacra de la humanidad ,muchos con éxito y otros han fracasado porque esas mafias cuentan con armas mucho mejores que las del ejército, ahí otro problema de los traficantes de ARMAS. Lástima muchos gobiernos han caído de rodillas e impotentes o se han prestado. VIOLENCIA TRAE MÁS VIOLENCIA
Narcotráfico y Correismo, juntos y bien, pero bien revueltos.