La consulta no está completa. La posibilidad de que haya más preguntas se explica, según el gobierno, por un desfase en el procedimiento fijado por la Corte Constitucional: primero van las preguntas de las enmiendas y luego aquellas de consulta popular. El ministro Francisco Jiménez dijo ayer en Teleamazonas que habrá dos preguntas más. Y avanzó que serán sobre seguridad e institucionalidad que no implican cambios en la Constitución.
Jiménez contrarió las expectativas de aquellos que esperaban, siguiendo anuncios oficiales en los meses pasados, que la consulta tuviera un paquete de preguntas económicas. Pablo Arosemena, ministro de Economía, también se había manifestado en esa dirección acariciando la idea de que hubiese por lo menos una pregunta sobre modelos de contratación.
Los temas económicos no son mero capricho: desde enero que se vio que la Asamblea no aprobaría ninguno de los proyectos de Ley en esta materia, en el gobierno se había evocado la posibilidad de ver ciertos de estos temas incluidos en una consulta popular. Ahora, según se colige de lo dicho por el ministro Jiménez, se excluye ese capítulo de la consulta. Así se mantendrían los tres ejes iniciales: seguridad, democracia y medio ambiente.
Si este panorama se concreta, el gobierno complica su tarea: excluye los factores que podrían ser más movilizadores y de mayor conexión con la realidad vivencial de los ciudadanos (el empleo por ejemplo) y, hasta no conocer las nuevas preguntas, convierte en locomotora de la consulta los temas de seguridad: la colaboración estrecha y permanente de la Policía y FFAA; una realidad que ahora solo se da mediante decretos ejecutivos de Estado de excepción. Y la extradición.
Esos dos escenarios requieren que la Corte Constitucional juzgue las preguntas evaluando el llamado a las urnas que provoca el gobierno (una consulta es excepcional) y, sobre todo, el contexto que suscita, en particular, cada una de esas dos preguntas. Un ejercicio que, con el porcentaje de jueces garantistas y nada pragmáticos que tiene la Corte Constitucional, puede resultar adverso.
Y sería grave, muy grave para el país, que la Corte Constitucional en vez de encarar la complejidad de fenómenos como el narcotráfico, se lave las manos, como ya hizo, por ejemplo, con el presupuesto de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Y no entienda que, hasta que las drogas no sean legalizadas en el mundo, la extradición es la bomba atómica para los narcos porque es eficiente y porque es disuasiva. En Colombia la extradición es, actualmente, el arma que usa Gustavo Petro, amigo de correístas y Leonidas Iza, para tratar de bajar la violencia y el terror causados por esas organizaciones criminales.
Jiménez en la entrevista en Teleamazonas aludió a la posibilidad de que la Corte Constitucional rechace alguna o algunas preguntas. Y se entendió que el Ejecutivo las podría reformular. Nadie sabe por qué en esa perspectiva, el gobierno no se jugó por un perfil más coherente y sobre todo más disruptivo de la consulta; acorde a las expectativas que el ministro de gobierno evocó al paso: dijo que esto es “el comienzo de algo distinto”, que esto es “un nuevo contrato social” y mecanismos hacia “una nueva democracia”. Cualquiera, oyéndolo y mirando las preguntas, querrá saber en qué afinca esas afirmaciones.
Es verdad que hay, aunque la alcaldesa de Guayaquil diga lo contrario, mecanismos nuevos y polémicos para enfocar la inseguridad. También es cierto que hay un cambio al retirar la carne y reducir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a mero esqueleto. Pero no se sabe por qué el gobierno, que tiene un mar de temas para preguntar, introdujo dos preguntas que no cambian nada: reducir el número de diputados y fijar un mínimo de adherentes (requisito que está en el artículo 322 del Código de la Democracia). ¿Que el CNE los tenga que auditar no luce obvio de la autoridad que los regula?
Si las preguntas que hacen falta no son portentosas, si la Corte Constitucional no entiende la dimensión política del momento y si la consulta se sigue ventilando sin una ilusión…
Foto: Presidencia de la República.
Por favor, libremonos del pavor que representa la constitución de Montecristi, leguleyadas redactada en Venezuela o en que país del foro de Sao Paulo, esta Constitución no debe permanecer vigente, que entienda el Gobierno de Lasso es el arma, el candado con que no podrá el país seguir y proyectarse en el siglo 21 con libertad.
La única pregunta debió ser el cambio de la constitución de Montecristi a la anterior y desde ahí modificarla. El resto es puro parche y preguntas absurdas. Todos queremos seguridad y fortalecimiento de la autoridad.
La pregunta clave y única era: ¿esta de acuerdo con eliminar. el mamotreto de Montecristi?
EXACTAMENTE.
Una pregunta deberia ser “ Desea usted como Ecuatoriano, que el Presidente disuelva la Asamblea?” La otra pregunta seria. Debe el gobierno encarcelar a Leonidas Iza por terrorismo y atentado a la democracia Ecuatoriana? Estoy seguro el pais votara de manera abrumadora a favor de un SI a las dos preguntas.
Apoyo sos dos pregunta Sr/a. Carrera. El SI superara el 85% a 90% de los votos.