El plato está servido para que en la segunda semana de noviembre, más o menos, la alianza del socialcristianismo y el correísmo pueda censurar a los consejeros del Consejo de Participación y Control Social, Cpccs, y alzarse con ese organismo que nombra a las autoridades de control del Estado. Los 70 votos necesarios están más que asegurados y así socialcristianos y correístas conseguirán uno de sus más caros objetivos políticos: recuperar el poder que han perdido en esos organismos, desde donde se construyen impunidades y se apalancan los hilos del poder político. En ese paquete hay dos cargos que son clave estos días: el del nuevo Contralor y del Superintendente de Bancos.
Para que se cumpla el plan hay un problema que metodológico, que tiene un potente mensaje de coherencia política: si destituyen a los consejeros de la mayoría anticorrerísta, ¿cómo no hacerlo con los de la minoría correísta si, en casos, incurrieron en las mismas causales por las que se censurará a los otros?
Este problema para la mayoría de la Asamblea nació cuando en la Comisión de Fiscalización se logró que el juicio que estaba planteado, por correístas y socialcristianos, únicamente en contra de los cuatro miembros de la mayoría, se juntara con otro, interpuesto por el asambleísta Ricardo Vanegas de Pachakutik en contra de los siete consejeros del Cpccs. Se unificaron así las cinco causales previstas en ambos juicios para la destitución. ¿Cómo puede votar la mayoría por la censura de uno de los consejeros que acompañan a Hernán Ulloa, si otro consejero de la minoría -que quiere salvar- hizo lo mismo?
Si van censurar, por ejemplo, la ausencia de transparencia en el proceso de nombramiento del Superintendente de Ordenamiento Territorial, resulta que votaron todos los de la actual minoría socialcristiana-correísta, más Ibeth Estupiñán que luego se unió a la actual mayoría. La cuarta causal es por la designación de dicho Superintendente y en ese caso votaron a favor los siete consejeros.
Lo mismo ocurre con la tercera causal: la remoción del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. En ella votaron a favor la socialcristiana Sofía Almeida y su aliado el correísta Juan Javier Dávalos, junto a María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán, de la actual mayoría. El único que votó en contra fue el actual presidente y miembro de la actual mayoría, Hernán Ulloa. Otra causal del juicio es la designación del Defensor del Pueblo encargado. A favor estuvieron los consejeros de la alianza correísta-socialcristiana más Ibeth Estupiñán que ahora es de la minoría. La única causal en la que participaron exclusivamente los de la actual mayoría es la reforma hecha al reglamento para la elección de Contralor.
El juicio es, como se ve, un champús. Para superarlo, la mayoría de la Asamblea podría violar la coherencia, cosa que hace con gran desparpajo y solvencia, y plantear una moción para poder votar por cada uno de los consejeros y salvar a la actual minoría del Cpccs que son sus protegidos. O mocionar que el juicio se haga únicamente por el cambio del reglamento para la elección de Contralor, lo que también sería difícil de justificar. ¿Se puede hacer esto? “Aquí la mayoría lo puede prácticamente todo”, dice un asambleísta de gobierno resignado a que la mayoría gane en esta batalla y ponga un contralor a su medida.
Cualquier cosa puede pasar. Por ejemplo, que el juicio no llegue a hacerse porque cinco de los siete consejeros, candidatos a la reelección, presentarán al nuevo Procurador, Juan Carlos Larrea, una consulta sobre si, siendo candidatos, pueden ser juzgados. Ellos consideran que están amparados por el Código de la Democracia que establece ciertas protecciones durante el período electoral a quienes participan en las elecciones. En ese escenario se salvan el actual Cpccs, al menos hasta luego de las elecciones de febrero de 2023.
Los candidatos son María Fernanda Rivadeneira, Javier Dávalos, David Rosero, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Así, correístas y anticorreístas se salvarían solo por el deseo de quedarse en el cargo. Lo que esperan para presentar la consulta, según el presidente Hernán Ulloa, es que esté posesionado el nuevo Procurador. En ese caso, el Gobierno podría salvar los muebles y tratar de que hasta febrero esté nombrado el nuevo Contralor por la actual mayoría del Cpccs.
Foto: Asamblea Nacional
Todo el quehacer político en este país de la impunidad y la corrupción , está podrido ; triste decirlo , lamentablemente es la lacerante realidad . Y si no lo decimos alto y claro , jamás cambiaremos !!!!!!! Y que decepción , ver reunidos en Palacio de Gobierno , por convocatoria de la Comisión de lucha contra la Corrupción , a precisamente artífices de este mal que carcome a la Patria . Realmente no es lo que los ecuatorianos aspirábamos del actual Gobierno . Tragedia nacional y tremenda DECEPCIÓN .