El país corre, en forma irremediable, hacia la muerte cruzada. No se ve otra posibilidad de deshacer el nudo gordiano en que se debate. Las elecciones seccionales son, por supuesto, un factor que incidirá en el mapa político, pero no cambiará mayormente la relación entre el Ejecutivo y la oposición que se ventila principalmente en la Asamblea. Por dos razones. Una: el gobierno no tiene un partido susceptible de disputar el poder local. Dos: si para Guillermo Lasso los resultados de la consulta son importantes y posiblemente le sean favorables, no cambiarán la lógica política golpista que anima a la oposición.
En los hechos, la dinámica política que sustenta el juego institucional está agotada. No hay entendimiento posible entre la Asamblea y el Ejecutivo y sus desacuerdos pasaron a ser zanjados en el campo judicial que, a su vez, sufre de un descrédito crónico ante la opinión.
No solo hay enfrentamientos insolubles entre instituciones. Se dan en el interior de algunas de ellas; la más visible es el del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto produce bloqueo y anomia institucional. La política ya no es un mecanismo de diálogo y negociación y el país carece de instituciones, reconocidas unánimemente, para solventar el conflicto. Esta realidad se agrava por las manifestaciones de violencia e inseguridad producidas por la delincuencia y los carteles. En ese contexto, las elecciones seccionales y la consulta popular incidirán en los actores políticos, pero no morigerarán ni resolverán los conflictos políticos de fondo.
El presidente Lasso es, para la mayoría de la sociedad política, el objetivo. Y no se ve en su campo estrategia para desmantelar la lógica conspirativa ni para reflotar al gobierno. El tiempo de las rectificaciones parece haber terminado. Lasso oye las críticas, pero no las procesa. Sigue rodeado de amigos o empleados del Banco. En forma inexplicable mantiene -ingresa incluso- cuadros del correísmo a su administración. Desconoce las alertas producidas por numerosas voces que le advirtieron, por ejemplo, lo que estaba sucediendo en el sector eléctrico.
Varias veces, el presidente debió generar una crisis de gabinete. No lo hizo. Varias veces se ha comprobado que tiene asesores o funcionarios que no lo protegen ni lo disuaden de meter la pata. Muchas veces se han notado las deficiencias de gestión; por ejemplo en salud: le confió el sector al vicepresidente, cambió la ministra y los líos siguen. Y no se van a solucionar con visitas personales a comprobar lo que los medios han puesto sobre la mesa desde hace largos meses.
El presidente no cambia. A su impericia política, ha preferido sumar la carencia de un real equipo político y la inoperancia de dos de sus alfiles esenciales en un gobierno: Iván Correa en la gestión administrativa y Francisco Jiménez, en la gestión política.
El presidente llegó a Carondelet convencido de que el problema económico era fundamental (siempre lo es para los ciudadanos) y que el problema político bajaría de intensidad a medida que los índices mejoraran. Los índices han mejorado, pero no en el nivel requerido. Y así se mantendrán este año. Además, la esquizofrenia golpista en la que está trepada la oposición, ha convertido el bloqueo en una realidad no solo inmanejable sino insostenible para el país. Si las elecciones seccionales y la consulta popular no pueden cambiar ese escenario y si la dinámica golpista está en curso otra vez, solo cabe una pregunta: ¿tiene el presidente Lasso alguna opción que no sea la muerte cruzada?
Esta pregunta será crucial después del 5 de febrero cuando el apetito político tenga sabor presidencial. Y cuando los dueños de la oposición sumen los votos obtenidos y deban decidir entre intentar botar inmediatamente al presidente, o -forzados por eventuales resultados negativos- esperar.
Correa e Iza son favorables, desde ahora, a botarlo. En ese caso, Lasso no tendrá sino una salida: decretar la muerte cruzada.
Foto: Presidencia de la República.
Plenamente de acuerdo con su análisis, señor Hernández. El presidente Lasso no va a tener otra alternativa. La muerte cruzada le permitiría gobernar, por lo menos, durante seis meses, sin el dogal que le representa la Asamblea. Gobernará por decreto y, si es que se ilumina, lo hará bien: me refiero a que podrá cumplir con muchos ofrecimientos de campaña que no ha podido ejecutarlos por la obstinada oposición que no le ha permitido hacerlo. Si es que sale bien librado de esa decisión, hasta podría reelegirse en las elecciones que tiene que convocar inmediatamente.