No habrá verdad periodística en el caso de “El Gran Padrino”. Y la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo, ojalá rápida y diligentemente. No habrá verdad periodística porque lo que se presentó como una investigación de seis meses es apenas una filtración de audios que delatan la corrupción en un sector que ya era objeto de denuncias desde hace meses. Esos audios han sido eficaces porque son de un delincuente que participó en la trama de corrupción y sabe cómo se tuestan allí las habas desde el gobierno de Rafael Correa.
No habrá verdad periodística porque lo que se llama periodismo es una puesta en escena que no respeta el menor protocolo de rigurosidad del oficio. Además, el debate sobre esa falta de probidad mutó en tergiversaciones y vulgares ataques dignos del albañal en el que se revuelcan los peores políticos que ha parido el país.
Por supuesto, también el gobierno ha incumplido con los protocolos del oficio de gobernar. Y este caso, que lo tiene viendo cómo saca las castañas del fuego, es una consecuencia directa de aquello. La Fiscalía dirá si hubo errores o complicidades y quiénes los cometieron. Y el gobierno, fuera de salir a decir que no tolera y no tolerará delitos, tiene muchas cosas que explicar: cómo se entró un elefante a la casa y no se dio cuenta. Cómo piensa corregir los errores administrativos de bulto que hay en este caso y quiénes asumirán el costo político que corre por cuerda separada.
Hasta ahora el agua sube hasta el cuello de Hernán Luque. El presidente Lasso lo nombró, en julio de 2021, como su delegado en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas. En virtud de aquello, se convirtió en presidente del directorio de esa institución que tiene a su cargo empresas tan importantes como Petroecuador, CNT, Flopec, CNEL y Celec.
¿A quién respondía Luque? A Iván Correa, secretario de la Administración. ¿Por qué él no atendió las alertas que llegaron a Carondelet -Fernando Villavicencio dijo haber advertido- y se publicaron en medios digitales? Lo mismo ocurrió, según el presidente de la Comisión de Fiscalización, con Nicolás Andrade, nombrado a la gerencia de Celec, e Ítalo Cedeño, que pasó a comandar Petroecuador. En ningún caso, su información fue procesada.
¿Luque que huyó -según Juan Zapata, ministro del Interior, salió hacia Argentina el 9 de enero- se corrompió de pronto? ¿Cómo escoge el Ejecutivo a sus altos funcionarios? Aquí cabe recordar el papelón hecho al incluir a Raúl González en la terna para Superintendente de Bancos y, luego, tener que desconocerlo. Nadie atinó a explicar cómo llegó a esa terna un personaje que tenía razones técnicas, éticas y políticas para no estar allí. Algo similar aconteció con Esteban Ortiz, a punto de ser nombrado ministro de Salud, a pesar de su desfase político. Como esos, se han cometido otros errores que afectan la imagen institucional del gobierno. No ha habido quién pague el costo político que conlleva desconocer protocolos mínimos de buen gobierno.
El caso de Luque -si la Fiscalía confirma la letanía de delitos- es peor. Por ahora no hay quién responda políticamente por actividades delincuenciales que echan por la borda el relato de un gobierno sin casos de corrupción. ¿Cómo pudo Luque -si lo confirma la Fiscalía- mantener y mejorar un sistema de corrupción en la institución que coordina las empresas públicas del país? ¿Tan poco seguimiento hace la Secretaría de la Administración? ¿Tan mal informado estuvo Iván Correa? ¿Tan primíparo sigue siendo?
Mucho voluntarismo, mucha visceralidad y hasta chambonería se notan en el manejo gubernamental, en detrimento de protocolos de una administración seria y profesional. Una regla de oro no se aplica: ante actuaciones que pueden conducir o solapar irregularidades o delitos, la responsabilidad política puede desplazarse hace el campo penal. Pero, en cualquier caso, no hay cómo eludir la responsabilidad política. En esa certeza también basan los ciudadanos la confianza en las autoridades. Si dicen que el cuñado del presidente nada tiene que ver, ojalá la Fiscalía les otorgue la razón.
Esa institución deberá señalar hasta dónde llegan las implicaciones y responsabilidades en este escándalo. Entretanto es legítimo que el gobierno (que dice no hacer parte de la trama de corrupción) se defienda. Eso no obsta para que cumpla con los protocolos de buen gobierno que deben observar con mayor énfasis los funcionarios del entorno presidencial. Algunos de ellos deberían irse a la casa por no percatarse del elefante que se metió.
Foto: Radio Pichincha
Todo esta podrido !!
Lasso es culpable de negligencia al nombrar los funcionarios que van a cuidar el patrimonio de las empresas publicas y se los entrega a los mafiosos.
Mientras el ciudadano de a pie es asaltado y asesinado por los “vacunadores” y demás delincuentes que asechan a sus victimas.