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Fiscalía: ¿qué pasa en los casos de los políticos?

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Curioso que la Fiscalía General del Estado llame Caso-Encuentro la investigación previa que abrió a propósito de indicios de corrupción en el sector eléctrico. Es una denominación que alude al lema del Gobierno y que lo afecta. En ese sentido, es un rayón político -irónico y explícito- que no se espera (en ningún caso y con ningún actor político) por parte de una institución que, en el desempeño de sus funciones, debe ser sobria e imparcial. 

En este caso, la Fiscalía ya efectuó nueve allanamientos y, como se sabe, tiene facultad para investigar a las personas citadas o involucradas en la forma que sea en esta trama. Se entiende que así el país podrá conocer todas las estructuras criminales que se han perpetuado en las empresas eléctricas desde el correísmo. Y quizá antes. 

Esa es la inmensa ventaja que tiene la institución que dirige Diana Salazar. Ella puede revelar (y contribuir a desmontar) el mecanismo de corrupción del sector más apetecido por los corruptos; en particular las mafias políticas que han desangrando el erario nacional. Ella puede llevar a los delincuentes ante los jueces, responsables (en teoría) de administrar Justicia sin temor ni favor. 

La Fiscalía es, entonces, un ente decisivo siempre, y más en este momento de anomia institucional y disgregación nacional. Si hace su trabajo con arrojo, puede infundir confianza en la la opinión que ve con inmenso recelo las instituciones por su ineficacia y nivel desenfrenado de corrupción. Además Diana Salazar goza, desde abril de 2019 cuando se posesionó, de un halo de valentía y estoicismo frente a los ataques de grupos poderosos y seres siniestros. 

Ella ha denunciado a jueces inescrupulosos (y corruptos) que, tras largos meses de investigación por parte de sus equipos, liberan en horas a delincuentes de alta peligrosidad. Y sus quejas, dramáticamente ciertas, han tenido eco en otros poderes del Estado y en la opinión. Pero también hay críticas en su dirección que tienen que ver, sobre todo, con casos que implican a políticos de nivel local o nacional. 

La Fiscalía genera la percepción de que hay manejo de tiempos, atados a cálculos que, en definitiva, favorecen a políticos bribones y a los enemigos de la democracia. Y que esas investigaciones, que se hacen en cámara lenta, evitan la necesaria depuración de la política que es, por supuesto, un efecto colateral de la administración proba de la Justicia. Efecto indirecto, pero eficaz ya que, como se sabe, los partidos no se depuran. El correísmo, por ejemplo, recluta o se alía con expulsados (en casos por corrupción) de otros partidos…    

En los casos que restan confianza a la Fiscalía, hay políticos o personajes vinculados a partidos políticos. Ejemplos: Lenín Moreno y su hermano (caso InaPapers), Rafael Correa (34 casos más de delitos), Cynthia Viteri (algunos casos de peculado), José Joaquín Franco, secretario de Jaime Nebot (por presunto tráfico de influencias), Leonidas Iza (y otros líderes indígenas) por su participación en los hechos de violencia y terrorismo en Octubre-2019 (la Asamblea los amnistió) y de Junio-2022. En ninguno de esos casos parece haber celeridad procesal. Ha habido incluso hechos escandalosos como el archivo, pedido en 2021 por un fiscal, de 21 demandas contra Jimmy Jairala (16 por delito de peculado). 

Se dirá que la Justicia tiene sus tiempos y sus protocolos. Sin duda. Sin embargo hay causas que la Fiscalía arrastra desde el 2019 y de antes (del correísmo). En la asonada contra Quito, en octubre-2019, el tortuguismo de la Fiscalía sirvió incluso como argumento a los partidarios de la amnistía, otorgada por la Asamblea el 10 de marzo de 2022: si no había acusación es porque no hubo delitos… 

Se sabe que la Fiscalía no tiene todo el personal que necesita. Y que el correísmo e incluso el PSC han amenazado a su titular, en forma desvergonzada, con juicio político. Pero solo con hechos, la Fiscalía puede diluir esa percepción, ya instalada, de que maneja los tiempos y nada se mueve en casos que atañen a los políticos que tienen poder en la Asamblea, en la calle y, ahora, en el Gobierno. 

La celeridad procesal no solo es un principio esencial de la Justicia cierta: es un ingrediente clave y necesario para consolidar esta endeble democracia.

Foto: Fiscalía General del Estado.

1 Comment

  1. Ya era hora de este comentario, los políticos y personas con poder en las áreas de Gobierno, piensan que los ecuatorianos somos tontos o estupidos y no nos damos cuenta de lo que esconden o de lo que pasa, la Fiscal nos debe, para eso fue nombrada, no importa si hay graves denuncias y la Fiscalia y su principal representante no las sigue como debe ser

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