Hernán Luque es el eslabón perdido en la versión del gobierno sobre el escándalo de corrupción en las empresas públicas: lo que se ha informado sobre él solo aumenta interrogantes y dudas.
Lo que dijo el presidente Guillermo Lasso sobre Luque, en la entrevista que le concedió a Milton Pérez la noche del domingo, provoca una de esas interrogantes. ¿Por qué si hace un mes Lasso dijo, en otra entrevista, que Luque había renunciado por su voluntad, ahora sostiene que él le pidió la renuncia? ¿Con qué versión tiene que quedarse el país?
Uno de los vacíos de la versión oficial sobre Luque es no haber dado una explicación contundente de las razones por las que fue colocado en la presidencia del organismo que administra las empresas públicas del Estado. ¿Quién lo recomendó? ¿Quién y por qué se decidió por su perfil para un cargo con tanto poder de decisión en los negocios del Estado? ¿Por qué motivos en agosto de 2021, Lasso dispuso con un decreto que el presidente de las empresas públicas presidiera los directorios de 12 empresas públicas, lo que restó poder a los ministros del área? Sobre eso todavía no hay respuestas.
En la entrevista, Lasso reconoció que Luque había trabajado en el Banco de Guayaquil y reveló que había salido en 2012, el mismo año en el que él dejó la Presidencia de la empresa. La vinculación de Luque con el Banco de Guayaquil plantea más interrogantes. ¿Quién tomó la decisión de ubicar en la Presidencia de las empresas públicas a alguien que tuvo vínculos con el banco de Guillermo Lasso si era obvio que eso podía provocarle problemas?
El Presidente sostiene que el 30 de octubre de 2022, Luque presentó la renuncia porque tenía información que le hacía dudar de él, aunque entonces no sabía de la existencia del audio que puso a circular La Posta. Esta versión de Lasso plantea una interrogante clave: ¿Lasso se enteró recién de todo lo que se decía de Luque? La pregunta surge porque, desde los primeros meses del de 2022, había señales que permitían dudar del trabajo de ese personaje que ahora está fuera del país.
Para marzo de 2022 saltó el tema de los manejos irregulares en Flopec que se encarga del transporte marítimo de petróleo. El asambleísta Fernando Villavicencio había hecho públicas las denuncias sobre negociados en esa empresa y el portal Periodismo de Investigación publicó cuatro informes con información donde se mencionaba a Luque. Flopec, bajo su auspicio, había firmado contratos para el transporte de petróleo con dos compañías fantasmas que estaban vinculadas al esquema corrupto de venta de petróleo con Petrochina, liderado por Enrique Cadena: Amazonas Tanquers y Core Petroleum.
El 22 de marzo las advertencias sobre Luque fueron expresas: el vicealmirante Johnny Estupiñán, gerente de Flopec, envió al presidente Lasso una carta donde decía que, por su oposición a esos contratos, Luque había pedido su renuncia en un directorio convocado ilegalmente. “Una vez que exigimos a Amazonas Tanquers la finalización del Acuerdo Comercial, el presidente del EMCO EP, Hernán Luque, me pidió la renuncia, manifestando un probable interés en mantener la situación en perjuicio de Flopec y del Estado, que se arrastra desde el gobierno de Rafael Correa”.
Poco días luego del envió de esta carta, Villavicencio, en su calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, fue a Carondelet y se reunió con dos altos funcionarios del gobierno de Lasso, el mismo Luque y Osvaldo Rosero, flamante gerente de Flopec que reemplazaba a Estupiñán. En esa reunión, Villavicencio advirtió sobre las relaciones de Flopec con Amazonas Tanquers y Core Petroleum. El legislador dijo que es una aberración que se contrate el transporte del crudo con empresas vinculadas al mecanismo de comercialización irregular y oneroso para el Estado controlado por Enrique Cadena Marín, que Lasso había ordenado marginar de toda negociación con el Estado.
El 28 de mayo Villavicencio publicó en redes sociales la célebre fotografía de los tetones en la piscina de la casa de Javier Jordán en Miami, en la que aparecía el asambleísta correísta Ronny Aleaga y Leonardo Cortázar. Fue uno de los episodios más potentes mediáticamente y el asambleísta mencionó que se trataba de una agrupación mafiosa vinculada a los negociados en el sector eléctrico y con el narcotraficante Leandro Norero, que había comprado una casa a Jordán.
Villavicencio asegura que también se reunió con Lasso. La reunión fue alrededor de junio y dijo, según asegura, que el nombramiento de Nicolás Andrade, por parte de Luque, como gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador, Celec, era una equivocación por los antecedentes del nuevo funcionario, entre los que había una glosa de Contraloría. “Ahí le comenté las injerencias de Leonardo Cortázar en el sector eléctrico y de sus vínculos con las mafias”. Según él, para entonces el gobierno ya estaba perfectamente advertido sobre el poder que tenían en el sector eléctrico Javier Jordán, Hernán Luque y Rubén Chérrez, quien es amigo de Danilo Carrera, cuñado de Lasso.
Estos hechos hacen inevitable la interrogante más relevante: si en marzo había denuncias de Villavicencio, los informes de Periodismo de Investigación y la carta del vicealmirante Estupiñán, ¿por qué el gobierno no investigó a Luque o al menos le pidió una explicación? ¿Por qué esperó hasta octubre para pedirle la renuncia? ¿Por qué se la pidió en medio de tanto hermetismo y no se fiscalizó su trabajo?
El caso de Luque es, al menos hasta ahora, lo más parecido a un agujero negro.
Foto: Asamblea Nacional
El drama de la verdad se produce cuando decae la credibilidad y ya no estamos seguro de que sea cierto lo que nos dicen. Podemos seguir creyendo en la palabra del Sr. presidente Lasso?
La pérdida de credibilidad se produce normalmente ante el silencio a las preguntas que hacemos, o que te contesten con otra cosa que derive la atención hacia lo que a ellos les parezca más oportuno. El gobierno del encuentro tiene y debe cambiar radicalmente a sus asesores y ministros y hacer una coalición con las diferentes fuerzas políticas del país que estén dispuestos a ceder y aportar en bien de la democracia y cero corrupción.
El caso de Hernán Luque, es parecido al de Glas, que fue quien manejaba los sectores estratégicos en los que se concentraba una alta inversión. Podría creerse en los dos casos, que el encargo se hacía para lograr eficiencia en la contratación y el gasto de las empresas públicas y se las entregaba a funcionarios con la idoneidad requerida, pero por lo que se ve, se entregó en las dos ocasiones, a personas que organizaron grupos de contratantes, para realizar ofertas con sobreprecio y pago de coimas, por cada contrato. Esas autorizaciones desde arriba valían $180.000 dólares mensuales. Los perjuicios irrogados al Estado ecuatoriano, es decir a todos nosotros, permiten afirmar que los funcionarios a cargo y los entes de control, han incurrido en “incumplimiento de funciones” y tienen que ser sometidos a la justicia. Lasso, entregó, como lo hizo Correa, un sector estratégico, para que lo “organice” otro ratero más, como todos lo que se acercan a la administración del Estado, para lucrar inmoralmente de los fondos públicos.