El fallo de la Corte Constitucional (lo llama “Auto de verificación de sentencia”), publicado ayer, 23 de enero, es un retrato, en tamaño real, de la parodia política nacional. Se puede leer como el guión de la mala película proyectada por la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), desde que María del Carmen Maldonado renunció al Consejo de la Judicatura, el 2 de febrero de 2022.
La resolución de la CorteC es el desenlace de ese culebrón. Es una bofetada para la sociedad política incapaz de resolver, durante un año, asuntos de su incumbencia. El más alto tribunal del país palía así la ineficacia, costosa para las instituciones, de los políticos. El fallo contiene las maniobras, declaraciones y acciones de los 7 miembros del Cpccs que fueron sostenidos por bloques de todos los colores en la Asamblea: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos.
Los 9 magistrados de la Corte Constitucional los destituyeron. Y lo hicieron -dicen en su escrito- por haber incurrido en graves acciones y omisiones que dilataron e impidieron, en forma sistemática, el cumplimiento de una sentencia que la Corte Constitucional emitió el 26 de septiembre de 2022. Una sentencia que buscaba superar la crisis en el Consejo de la Judicatura -el ente que administra la Justicia- que no había reemplazado a Maldonado y mantenía, por fuera de plazos, a Fausto Murillo como presidente temporal. Y la CorteC actuó después de que, hasta el 1 de septiembre, había fracasado la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, porque el Cpccs había devuelto dos ternas remitidas por la Corte Nacional de Justicia.
El texto, aprobado en forma unánime, tiene 57 páginas y resulta sugestivo, a pesar de las bascosidades que pone en evidencia. O quizá gracias a ellas. Ahí está la sentencia de la CorteC en la cual aceptaba parcialmente una acción de protección presentada por Álvaro Román en contra del Consejo de la Judicatura y la procuraduría General del Estado. Con fechas y detalles están las jugarretas de los bandos presididos, primero, por Sofía Almeida (aquí en minoría de 3) y luego por Hernán Ulloa (mayoría de 4).
Están sus votos y abstenciones. Sus inasistencias bien programadas. Están los supuestos incumplimientos de requisitos que sirvió para rechazar la tercera terna enviada. Sin esa descalificación arbitraria -dice la CorteC- “no hubiera sido necesario solicitar una nueva terna a la Corte Nacional”. Pero lo hicieron. Y para la cuarta terna se plantearon tres mociones. Ninguna fue aprobada y los magistrados evidenciaron que no hubo “deliberación ni intención real de lograr el consenso para cumplir con la orden de la Corte”.
Por el contrario, el presidente Ulloa clausuró la sesión y volvió a iniciar el proceso. Se dilató todo, se descalificaron postulantes en forma arbitraria, se incurrió en conductas contrarias a las disposiciones, en el reglamento se metieron elementos que retardaron la designación del delegado de la Corte Nacional… Conclusión: el Cpccs incumplió con lo dispuesto en la sentencia y evitó, de manera sistemática, la designación del presidente de la Judicatura. Así procedieron mientras cinco de los siete miembros solicitaron licencia para participar en las elecciones como candidatos al cargo que venían ostentando…
La CorteC no entró en la jugarreta política de la Asamblea y cortó por lo sano: mandó a la casa a los 7 miembros del Cpccs. Los cuatro de mayoría (incluido Hernán Ulloa) por haber “actuado de forma deliberada y sistemática obstruyendo el proceso” para designar al presidente de la judicatura. Y los tres de minoría (con Sofía Almeida) por no haber asistido a las sesiones del pleno y haber evadido “su responsabilidad de participar en el proceso de selección y designación de manera sistemática, permitiendo con sus ausencias que dos ternas sean indebidamente desechadas”. Esta decisión es definitiva y no puede ser impugnada.
El Consejo de la Judicatura será presidido temporalmente -dice la CorteC- por Álvaro Román en calidad de suplente. Y el Cpccs tendrá que designar a uno de los integrantes de la cuarta terna para presidirlo definitivamente.
Así va el país: los magistrados del más alto tribunal suplen a los políticos. Y lo hacen bien.
Foto: diario Expreso
La Corte Constitucional pone fin a la farsa de la actuación de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero deja intacta la otra farsa provocada por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, que ha denotado su condición histriónica, impropia de un Juez en sus reuniones clandestinas, su actuación autócrata y sus declaraciones enredadas, utilizando su potestad de Presidente de manera equívoca, manipulando intereses para la nominación de ternas y politizando la solemnidad de actos que comprometen a la Justicia, pasando por sobre la validez corporativa de los magistrados de la Corte nacional, que en sus objeciones, dejan ver el caos en que han caído nuestras instituciones más preciadas. Otro Presidente de la Corte nacional, no habría incurrido es esos desafueros!
Todo esto se lo debemos al profugo Rafael Correa, responsable de haber creado ese bodrio llamado CPCCS. Otra de las porquerias que nos dejo el correismo. Pero aun quedan lis borregos ciegos que aplauden las maravillas de la Robolucion.