¿Ángeles o cómplices de los narcos?

En Ecuador los políticos que militan por el No a todo en la Consulta (Rafael Correa, Leonidas Iza, Yaku Pérez, Geovanni Atarihuana -Unidad Popular-, Gustavo Vallejo -Partido Socialista-… no saben lo que es el narcotráfico. O lo saben y lo solapan. En todo caso, no dan muestras de inquietarse por las características de una industria millonaria que produce adictos, corrupción sin límites, destrucción institucional, violencia y un reguero de muertos.

Su visión es abiertamente pronarco o de un romanticismo imposible de creer en supuestos líderes que inciden en la formulación de políticas públicas. Y que esta vez, en un tema tan siniestro, rehúsan defender al país. Basta repasar algunas de las realidades que genera el narcotráfico, en cualquier parte. No es, como dicen o suponen, un problema del gobierno de Guillermo Lasso. Así es el narcotráfico y así seguirá hasta que ese industria no sea legalizada por la comunidad de naciones.

El narcotráfico es una actividad ilegal, globalizada y altamente rentable. Tanto que ocasiona un proceso imparable de acumulación de dinero que, con mayor o menor dificultad, se lava en la economía formal.
El narcotráfico se presenta socialmente como una promesa. De riqueza fácil. De ascenso social. De recursos jamás soñados en zonas marginales o en comunidades indígenas. De venganza política, incluso, contra el imperio de Estados Unidos… Ese sueño muta para muchos en muerte.
Ecuador figura hoy en el mapa del narcotráfico mundial como punto de tráfico, comercialización y cadena de distribución. Esta es la realidad que debe administrar cualquier gobierno. Las rutas del Ecuador son estratégicas para los narcos. Por eso, ese flagelo es un problema transnacional y un asunto de carácter estratégico para todo el país; no para el gobierno de turno.
A los grupos ilegales, con pretensiones de poder y capacidad económica, les es indispensable apropiarse de las instituciones del Estado y ponerlas al servicio de sus intereses. Entre otros: infiltrar instituciones, neutralizar a los organismos de control y de fuerza pública e impedir que sus operaciones (tránsito, distribución y lavado en Ecuador) sean perseguidas.
El narcotráfico corrompe -gracias a su gigantesca capacidad económica- y amenaza o elimina a aquellos funcionarios que no se someten. El Estado (más un Estado pobre como el ecuatoriano) es como un inmenso gruyère, pleno de huecos para los narcos. Comparado a su capacidad de oferta, cualquier salario de un burócrata luce despreciable. Y si los capos necesitan a un funcionario en un puesto clave lo sobornan, lo amenazan o lo liquidan. Así impone un orden social sangriento en las zonas que controla.
El narcotráfico es la amenaza más grave contra la democracia y la gobernabilidad republicana. No solo por su destreza para descomponer las instituciones sino por la vinculación y uso de grupos ilegales armados y su capacidad de violencia y terror.
La captura o instrumentalización del poder político es una prioridad para los grupos mafiosos. Financiar las campañas es un mecanismo para subordinarlo. Y los políticos que se prestan (los narcopolíticos) usan, a su vez, a los grupos mafiosos para sacar del ring o eliminar a sus adversarios. Estas alianzas se dan en el ámbito nacional o local y buscan control territorial y control del dinero ilegal y del erario público.
El narcotráfico produce grupos armados para defender sus espacios y negocios, expulsar o eliminar a competidores y, mediante la violencia y el terror, tratar de imponer condiciones al Estado. Son grupos de protección, coerción, amendrentamiento y muerte. Pueden provocar, igualmente, respuestas violentas por parte de los afectados, generando de esa manera un círculo perverso de violencia.
Los capos del narcotráfico temen la extradición. Porque en sus países de origen tienen capacidad de fuerza y fuego para sobornar a la Justicia o para amenazar, con sus aparatos paramilitares, a los Estados. En Estados Unidos o en Europa saben que no saldrán de la cárcel.
La extradición no pone fin al narcotráfico. Sin embargo permite a los Estados usarla como herramienta de disuasión. En los hechos, morigera la capacidad de violencia del narcotráfico. En Colombia, el presidente Gustavo Petro la está utilizando como un medio de canje: si los narcos se entregan y dejan el negocio, no son extraditados.
Aquí los narcos tienen políticos que los cuidan. ¿Angeles o cómplices?

Foto: Policía Nacional.