A la vista están las razones por las cuales los dirigentes de organizaciones indígenas como la Conaie o su sucursal amazónica la Confeniae, promocionan el No en las preguntas 7 y 8 de la consulta del domingo, relacionadas con la defensa del medio ambiente.
Basta mirar las apocalípticas imágenes en Instagram, del fotógrafo Jorge Juan Anhalzer, sobre la devastación ambiental que la minería ilegal está produciendo en la zona de Yutzupino y pensar que ninguna de esas organizaciones ni sus dirigentes han salido a protestar o denunciar. Lo mismo con los videos que el empresario turístico Jaime Rodríguez colocó en su cuenta de Twitter en los que se ve cómo maquinaria de la Prefectura del Napo, en manos de Pachakutik, sacan arena y material pétreo de las orillas del Napo y preguntarse: ¿por qué Leonidas Iza no protesta por la destrucción medioambiental en territorios indígenas cuando la culpable es la minería ilegal? Para los dirigentes y sus seguidores, los intereses del negocio de la minería ilegal parecen estar muy por encima de sus consignas ecologistas y de defensa del medio ambiente.
La pregunta 8 de la consulta, que habla de aumentar las compensaciones económicas a las comunidades, pueblos y nacionalidades que apoyan la generación de servicios ambientales, podría poner en riesgo la explotación minera ilegal en los ríos y selvas amazónicas. Pero las compensaciones económicas que se prevé entregar a las comunidades o empresas que inviertan en la preservación de la naturaleza no serán, ni de lejos, tan atractivas como las actividades vinculadas con la extracción del oro en los ríos amazónicos. Lo mismo ocurre con la pregunta 7: si el ciudadano está de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Es evidente, como se ha visto, que cuando se trata de minería ilegal en la Amazonía, la Conaie y la Confeniae guardan el silencio de los muertos. ¿Dónde están los guardias indígenas que Leonidas Iza, presidente de la Conaie, dijo que iban a impedir el ingreso de militares y policías a zonas de conflicto con las mineras? No existen para estos casos de visible devastación ambiental. Tampoco las autoridades locales como prefectos o alcaldes ni los asambleístas provinciales ni los líderes más importantes de la organización indígena. Ninguno ha convertido esta destrucción masiva de sus ecosistemas en un tema de su agenda. ¿Cuándo se ha escuchado que la destrucción del río Napo o del bellísimo Arajuno, ahora lleno de mercurio, es un tema para la Asamblea, como fue el bizcocho o un albergue para perros abandonados en Manabí?
El caso de Balzachicta expone a la perfección el problema: la maquinaria de la Prefectura del Napo, cuya prefecta es la indígena kichwa Rita Tunay Shiguango, es la que está desviando el trayecto del río Napo y arruinando la selva circundante con sus actividades de extracción de arena y material pétreo que luego es procesado por máquinas que sacan oro muy cerca. Es más, la empresa Balzachicta GAD Napo que opera desde inicios de diciembre del 2022 en el lugar, no tiene el permiso del Ministerio del Ambiente que envió un oficio a la Prefecta para que detenga las actividades. ¿Por qué la asambleísta Rosa Cerda de Pachakutik no ha hecho ni una sola gestión en la Asamblea para frenar la destrucción del río?
Los dirigentes indígenas reclamaron al gobierno por haber hecho concesiones a mineras extranjeras sin algún tipo de consulta previa a las comunidades. ¿Alguno reclamó una consulta previa para lo que ocurre en Balzachicta, Yutzupino o Cascales en Sucumbíos, que hoy fue intervenido por las FFAA?
Con todo esto, no es de sorprenderse que estos dirigentes indígenas promuevan el No para las dos preguntas de la consulta relacionadas con la defensa del medio ambiente.
Foto: El Universo.
